Pilar Arroyo analiza el conflicto amazónico en Perú

Documento difundido por el Instituto Bartolomé Las Casas

Gran parte del mes ha estado marcado por el conflicto social, primero por los graves acontecimientos ocurridos en la Amazonía, aunque en los últimos días del mes han irrumpido con fuerza las protestas de Andahuaylas y Sicuani.
Los trágicos sucesos del 5 de junio colocaron al conflicto amazónico como el tema central en la agenda. Mucho se ha escrito (y hemos escrito) sobre dicho conflicto, por ello nos limitamos a las siguientes reflexiones.

Gran solidaridad

Llama la atención la gran solidaridad nacional e internacional que convocó la lucha amazónica. Podemos afirmar que desde que seguimos la coyuntura sistemáticamente (diciembre 2000) jamás hemos visto que un conflicto social genere tanta solidaridad interna y externa. Internamente Se pronunciaron:
+ diversas universidades: La Católica, San Marcos, Universidad Antonio Ruiz de Montoya, etc.
+ los principales gremios: Junta Nacional del Café, (Confederación General de Trabajadores del Perú) CGTP, la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú, etc.
+ diversos gobiernos regionales: Loreto, Pasco, San Martín, etc. y municipales como la Red de Municipalidades Rurales del Perú
+ muchísimos colectivos de organizaciones de la sociedad civil y de ciudadanos que sería interminable mencionar.
+ diversos colegios profesionales: de Geógrafos, de Abogados, de Ingenieros. Colegio Médico, etc.
+ innumerables ONGs. Como la Asociación Nacional de Centros (ANC), la Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional (COACI), etc.
+ Diversos organismos del aparato del estado como la Defensoría del Pueblo
+ Y diversos pueblos, especialmente los de Bagua Grande (Utcubamba), Bagua Chica y Jaén. Como un testimonio de un sacerdote de Jaén nos cuenta “la gente de estos lugares ha sido muy solidaria con los nativos proporcionando refugio,medicinas y víveres. Incluso moto taxistas con riesgo de su vida llevaban heridos a los hospitales”
Ha sido particularmente significativa e importante la solidaridad de las iglesias y sobre todo de la Iglesia Católica con los indígenas. Empezando por el Presidente de la Conferencia Episcopal Monseñor Cabrejos, el Obispo de Sicuani, el de Cajamarca, la diócesis de Chachapoyas, el Vicariato Apostólico de Jaén de los jesuitas, y numerosos movimientos laicos y congregaciones: la Conferencia de religiosos, la Institución Teresiana, las comunidades de Vida Cristiana, el Movimiento de Profesionales Cristianos, la Comunidad Héctor de Cárdenas, EDOP, MIAMSI y otros. Dicha solidaridad eclesial jugó un papel importantísimo en el lugar de los hechos el 5 y los días siguientes a nivel local: parroquias y conventos tuvieron que acoger a los nativos que huían asustados, darles tranquilidad, asistencia legal, comida y atención medica, y ayudarlos a retornar sanos y salvos a sus lugares de origen.
Y externamente la lucha amazónica recibió la solidaridad de entre otros: el Consejo Mundial de Iglesias, Freedom House, el Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos del Canadá, CIDSE-Perú, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, etc. Esta última manifestó que “La criminalización de la legítima movilización y protesta social, sea a través de represión directa a los manifestantes, o a través de investigación y proceso criminal, es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión”.

Todas ellas convergían en tres cosas: la demanda de poner alto a la violencia y la necesidad de diálogo entre las partes; la exigencia de la derogatoria de los decretos cuestionados (por haberse violentado el estado de derecho al no respetar la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo que exige la consulta previa) y “la necesidad de una investigación transparente para establecer el verdadero número de víctimas”. Esto último debido a que después del enfrentamiento la zona fue cercada por la Fuerza Armada y la Policía Nacional, impidiéndose el acceso del representante del Ministerio Público, la Defensoría y en general de cualquier autoridad civil o ciudadano hasta el 10 de junio.

Inicio del Reconocimiento

La protesta de los pueblos indígenas ha permitido que el país, que vivía de espaldas a la Amazonía comience a descubrirlo, a preguntarse cómo piensan, cómo viven etc. Aquí hay que resaltar que medios de comunicación como El Comercio han hecho un esfuerzo de difusión al respecto.
Sin embargo, hay que señalar que lamentablemente otros medios, como Correo, La Razón etc., en consonancia con el “spot” del gobierno y con la expresión del Señor Presidente que decía que eran “ciudadanos de segunda categoría” han buscado poner a la opinión pública en su contra, calificándolos de salvajes, terroristas, etc. Jorge Bruce nos dice al respecto que “una de las manifestaciones más inquietantes de la crisis amazónica ha sido la reiteración de discursos racistas, en medios y personas, que propalan esta abominación con menos reparos cada día”.
Ya que estamos hablando del rol de los medios en este conflicto es conveniente señalar que la lucha de los pueblos amazónicos vuelve a poner en el tapete el rol central que juegan los medios de comunicación en el reconocimiento. Como bien se ha afirmado desde que se inició el conflicto, el 9 de abril, los medios lo invisibilizaron “en todos los idiomas, la prensa nacional: para la TV, las cadenas radiales y los periódicos eran mucho más importantes -¡vendían más!- los grandes titulares sobre la gripe porcina con la que nos entretuvieron semanas y hasta meses (aún no hay un solo muerto por ella en el país). Los comunicadores somos responsables en buena parte de las muertes de Bagua”.

Consecuencias para el Gobierno

El gobierno no ha salido bien parado en este conflicto y más bien ha asistido a un “deterioro de su reputación internacional por la manera como manejó la crisis”. Y también a nivel nacional le ha significado una caída en su aprobación de nueve puntos, situándose actualmente en 21% de aprobación, según la encuesta nacional urbana de Pisos-Apoyo, publicada en el diario El Comercio, el 21 de junio.
Igualmente su credibilidad ha sido mellada. Ha quedado en evidencia que faltó a la verdad cuando señaló reiteradamente que derogar los decretos ponía en peligro el Tratado de Libre Comercio firmado con los Estados Unidos. Hasta Pedro Pablo Kuczynski (insospechable de formar parte de una conspiración internacional o de ser terrorista, narcotraficante o chavista afirmó) “se ha dicho que la modificación o derogación de los decretos legislativos mencionados como materia de la controversia pondrían en peligro el TLC con Estados Unidos. No lo creo”. En igual sentido opina M. Lauer: “no eran una exigencia del TLC, como se nos dijo, sino una forma de hacer más atractiva la inversión petrolera en un contexto que nunca ha dejado de estar políticamente movido”.
Por otro lado, el gobierno ha generado un gran malestar en la Policía Nacional. Al respecto es sintomático que un comunicado de los generales retirados de la Guardia Civil rechace la actitud de la Ministra del Interior de tratar de responsabilizar sólo a la Policía de los luctuosos sucesos.
El manejo de la crisis ha dado pie a una creciente demanda de cambio en el estilo de gobernar. Nos parece que Juan Paredes Castro resume bien este cuestionamiento al afirmar “lo primero que tendría que revisar el mandatario son sus declaraciones y las de su ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, que no ha sido las más adecuadas ni afortunadas dentro de la realidad política confrontacional que vivimos y de fractura entre el Perú oficial y el Perú profundo, con Bagua incluido, por supuesto (…) Nada impide a García ser un gobernante demócrata fuerte. Solo que no tiene que serlo blandiendo la ilegalidad y la cachiporra. El es jefe del Estado y encarna a la Nación ¿Por qué no tendría que dialogar y concertar, poniéndose en su sitio y poniendo en su sitio a los demás, cortés y valientemente?”. Federico Salazar es de similar opinión, nos dice “Ni la autoridad ni el liderazgo decaen por la tolerancia, el diálogo y la actitud, no de conciliar, sino de resolver”.

Pero también la lucha amazónica ha abierto una posibilidad que la coyuntura de la crisis económica mundial no pudo abrir en el país: poner en cuestión el modelo de desarrollo de García, expresado en el “Síndrome del Perro del Hortelano” que “no ha producido riqueza ni para las regiones ni para las mayorías del país. El modelo de García es el mismo de Fujimori, es el modelo neoliberal”.
En este modelo el rol del estado se limita a ser facilitador de la gran inversión nacional y extranjera, pues se cree firmemente que sólo ella traerá empleo, tecnología y dotará de recursos al estado. Sin embargo, J. Oscátegui en el artículo anteriormente citado, nos dice que:
”Tal como lo muestran las experiencias recientes de desarrollo en sociedades atrasadas (como la experiencia alemana en el siglo XIX, la experiencia asiática desde mediados del siglo XX, y hasta la chilena), el Estado tiene que ser un promotor y organizador del desarrollo. En primer lugar, debe garantizar que todos los habitantes sean ciudadanos (pero ni siquiera esto se cumple en el caso de la población indígena amazónica).
En segundo lugar, la modernidad exige que el Estado asegure servicios como la educación de calidad para toda la población, servicios de salud y seguridad ciudadana (nada de lo cual existe en cantidad suficiente en nuestro país, ni siquiera para la población urbana).
En tercer lugar, para promover el funcionamiento y desarrollo del mercado, el Estado debe regularlo. El Estado actual, manejado por el gobierno de García, no recauda los tributos que debería recaudar (pide óbolos) y en vez de redistribuir ingreso, facilita su concentración”.

Consecuencias para los Pueblos Indígenas

Los pueblos amazónicos han demostrado una capacidad de organización y articulación pocas veces vista en el país, que, como dice J. Diez Canseco, le han permitido poner “sobre la mesa tres asuntos 1) la necesidad de que el Perú se reconozca como país multinacional (implicando ello identidad cultural, educación, lengua, administración de justicia, manejo del territorio, representación política en el Estado, consulta y autodeterminación; 2) reformular el manejo de los recursos naturales, su relación con el medio ambiente y el beneficio que dejan a los pueblos y al país (…); 3) la profunda ilegitimidad de un sistema político sin transparencia ni control de la gente sobre las autoridades.
Por otro lado, han dejado claro que el separatismo no está en su agenda, como maliciosamente afirmaron varios políticos y medios de comunicación. Reiteradamente han recordado su condición de defensores de la patria en los diversos conflictos habidos con el hermano país del Ecuador, felizmente ya superados. Y reiteradamente han demandado que se les reconozca como peruanos con plenos derechos. Como bien señala Mirko Lauer lo que los pueblos indígenas demandan no es independencia, sino autonomía “los pueblos autóctonos no quieren formar países nuevos, sino un mejor lugar dentro de los países que ocupan (…) La agenda de esta hora es más bien por derechos y respeto”.

Este fortalecimiento organizativo y esta demanda de autonomía tiene viento a favor en el mundo globalizado. Lauer nos dice que “los amazónicos han demostrado que pueden movilizarse juntos, [y] están generando una corriente mundial de apoyo entre organizaciones similares (bastante más influyente que las embajadas peruanas), los intereses de la globalización y la posibilidad de jaquear ciudades amazónicas son el tipo de palancas para negociar que no tenían antes”.
Recordemos que hoy está en el centro de la agenda mundial el tema del desarrollo sostenible, si bien nuestro Señor Presidente piensa que ese tema viene de la ideología comunista, el creciente deterioro ambiental a nivel mundial y la amenaza del cambio climático ha sensibilizado a mucha gente sobre la necesidad de un desarrollo respetuoso del medio ambiente.
Como decíamos en nuestra entrega anterior, lo que el conflicto amazónico evidencia es que hay dos modelos de desarrollo en pugna. En el del gobierno la inversión es central, podríamos decir que para ellos “salvo la inversión, todo es ilusión”. En cambio, para los pueblos indígenas la inversión juega un rol, pero subordinado. El líder awajun, Santiago Manuin nos dice:
No estamos en contra del desarrollo ni de la inversión, los necesitamos (…) Necesitamos una inversión bien trabajada, un desarrollo pensado desde la selva y a favor de la selva, que también va a ser lo mejor para el Perú” (…) Mira la historia, cómo han quedado los pueblos indígenas, la deforestación, los ríos contaminados… ¿Eso es desarrollo? Y continúa diciendo que en el mundo deben existir “personas conscientes que ayuden a resolver esto, a crear un nuevo modelo de desarrollo para nuestras selvas, cómo enriquecer mejor el trabajo de las maderas sin terminar con ellas, cómo usar nuestros recursos sin contaminar nuestros ríos, cómo seguir en nuestras tierras sin vivir en otro lado. Alguien debe haber en el Perú que entienda esto y nosotros siempre lo apoyaremos”.

Si bien es innegable el triunfo obtenido, al lograr la derogatoria de los cuestionados decretos 1090 y 1064, la agenda pendiente de los pueblos indígenas todavía es abultada:

1.- Queda pendiente la derogatoria de los decretos restantes: 994, 1020, 1080, 1081, 1089, 1083, 1060 y 995. Ello es importante, pues como se señala en uno de los pronunciamientos los Decretos Legislativos 994, 1089 y 1020 promueven “de formas diversas la parcelación y eliminación de la propiedad colectiva”.

2.- Igualmente está pendiente avanzar en la titulación de sus tierras. Margarita Benavides, nos dice que “el Sistema de Información de Comunidades Nativas del Instituto del Bien Común (SICNA) “registra 277 comunidades por titular, en aproximadamente 2.37 millones de hectáreas. Hay seis solicitudes de reservas para indígenas en aislamiento con un requerimiento cercano a los 4 millones de hectáreas y desde hace varias décadas existen diversas solicitudes de ampliación de comunidades aún no atendidas”.

3.- Han comenzado a poner en la agenda la necesidad de cambiar el principio, basado en el derecho greco-romano que el propietario del suelo es uno y el del subsuelo otro y más bien adoptar el punto de vista del derecho anglosajón: que el propietario del suelo es el propietario del subsuelo. Máxime si en la cosmovisión indígena no hay diferencia entre suelo y subsuelo. Para ellos es una unidad. Como dice Fermín Tiwi, intelectual Awajún:
Con este derecho, los indígenas seríamos los primeros en negociar nuestros recursos naturales con cualquier empresa y asignarle solo un porcentaje al Estado, lo que actualmente sucede al revés. En otros países como los indígenas de Canadá si gozan de ese derecho, ellos son los que negocian con la empresa” .

4.- Lograr que se forme una Comisión Investigadora, tal como lo ha solicitado James Anaya, relator especial de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, quien sostuvo que “Debería haber una investigación exhaustiva de las operaciones policiales y la actuación de los pueblos indígenas. En esta comisión debe participar una entidad internacional como garante”. Esto se hace más urgente pues se ha denunciado que “luego de recibir denuncias por homicidio y lesiones graves de siete pobladores a consecuencia de los enfrentamientos del 5 de junio, la Primera Fiscalía Provincial de Utcubamba decidió no investigar los casos y archivarlos provisionalmente” Y en cambio el Primer Juzgado Penal de Utcubamba “ha abierto proceso penal a 61 personas presuntamente implicadas en los sucesos de Bagua. Entre los denunciados figuran los dirigentes indígenas Segundo Pizango y Santiago Manuin. A todos los supuestos implicados se les imputa los delitos de homicidio calificado, lesiones graves, atentado contra el transporte público, entre otros” .

Coincidimos plenamente con Jorge del Castillo cuando señala que “Que el inútil derramamiento de sangre no se repita jamás, y en respeto a la memoria de los peruanos fallecidos propiciemos un reencuentro fraterno, sin odios ni rencores”.
Pero para ello será necesario entender, como señala D. García Sayan que “Es hora de que desde el nivel oficial se asuma en serio que la gobernabilidad no consiste en “diktats” que emanan del poder sino que en su esencia se encuentran el diálogo y la participación. Que son requisito de la democracia, como lo señala la Carta Democrática Interamericana”.

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